CHA pide que se renegocie el convenio de la cárcel
Repensar su uso, apostando por equipamientos sanitarios, sociales, juveniles y culturales en el edificio rehabilitado, sería apostar por el urbanismo sostenible, la conservación del patrimonio y el relanzamiento del Barrio del Perpetuo Socorro
 
Huesca, 25-09-07.- Por segunda vez el concurso para la compra del solar de la antigua cárcel de Huesca promovido por la Sociedad Estatal de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios ha quedado desierto al no haberse presentado ofertas y ello a pesar de la importante rebaja en el precio del solar: de 11.059.000 euros en junio a los 8.834.306 de ahora, solar de 17.500 m2 edificables en el que se pretende construir unas 160 viviendas con una repercusión del suelo de más de 55.000 €/Vivienda. Para definir esta venta directa de suelos públicos hay una palabra: especulación.
El fracaso por segunda vez de la operación parece haberle sorprendido sólo al Alcalde que ha buscado inmediatamente una solución simplista planteando al Ministerio que asuma el derribo de la cárcel, cuestión esta que sí ha sorprendido a nuestro Grupo.
Recordamos que, en sesión de 24 de febrero de 1933, el Ayuntamiento de Huesca acordó ceder gratuitamente a la Dirección General de Prisiones 36.525 metros cuadrados de terreno de propiedad municipal para  la construcción de un edificio destinado a prisión provincial. (Los terrenos se valoraron técnicamente en 43.830 ptas.). De igual forma, en el año 1955, el Ayuntamiento de Zaragoza cedió al Ministerio de Justicia gratuitamente el solar para la construcción de la cárcel de Torrero.
Los Ayuntamientos de Huesca y Zaragoza buscaron una solución para el espacio de las instalaciones penitenciarias que iban a quedar sin uso traducida en sendos convenios con la Dirección General de Instituciones Penitenciarias y la Sociedad Estatal de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios, S.A., convenios que plasman el trato de dos situaciones idénticas de forma totalmente distinta: el Ayuntamiento de Huesca, en febrero de 2002, convenía que la totalidad del aprovechamiento para viviendas lo fuera para Instituciones Penitenciarias, con la previsión de construir un 100% de vivienda libre (alrededor de 160) y una densidad de construcción de 2,14 m2/m2 y los bajos, con unos 3.000 metros cuadrados, pasarán íntegramente a ser propiedad del Consistorio. El convenio para la ciudad de Zaragoza, de abril de 2003, dota a Instituciones Penitenciarias de un tercio del aprovechamiento, de un tercio al Ayuntamiento y el resto para equipamientos y espacios libres para la ciudad, contemplando una parte de la edificación como integrante del catálogo de edificios a proteger con el grado de "interés arquitectónico". El 68% de las viviendas previstas serán de protección (las 80 del Ayuntamiento y 30 de las 80 de Instituciones Penitenciarias) y la densidad de edificación de 1 m2/m2. (Menos de la mitad que en Huesca).
El contraste que existe entre el convenio de Zaragoza y el de Huesca, en el que hemos hecho “el primo”, supone un agravio comparativo además que desde Chunta Aragonesista queremos incidir una vez más en que el derribo del edificio de la antigua cárcel es un grave error. El escenario político es favorable para esta conservación: el PSOE en su programa para las Generales abogaba por utilizar los suelos desafectados de su uso para la construcción de Vivienda de Protección o bien equipamiento social o de interés colectivo; los expertos (APUDEPA y Colegio de Arquitectos de Aragón) consideran que se trata de un espacio emblemático de los que “hacen ciudad”. Tampoco debería hacerse oídos sordos a la decisión unánime (a propuesta del PSOE) de todos los Grupos Parlamentarios Aragoneses en relación al destino del edificio en cuestión cuando el 6 de febrero de 1997, con la previsión de que iba a desafectarse de su uso como cárcel, se acordó solicitar a la Dirección General de Instituciones Penitenciarias la cesión gratuita del terreno y  al Ayuntamiento de Huesca que lo destinara a la construcción de equipamientos socioculturales.
Nuestro Grupo ha solicitado al Alcalde en numerosas ocasiones que renegociara el convenio y ahora se lo volvemos a pedir. Las administraciones públicas, sea Ayuntamiento, SEIEP o Defensa no pueden ejercer de especuladores puros y duros. Realmente lamentable cuando casi 4.000 ciudadanos y ciudadanas oscenses aspiran a una vivienda de protección o cuando el edificio, de reconocido valor patrimonial, tiene tantas posibilidades para equipamientos como el nuevo centro de salud del Perpetuo Socorro, locales para entidades de carácter social, centro cultural, albergue juvenil...,     además de aportar una extensa zona verde al barrio, una vez derribado el muro que rodea el edificio. Una actuación en este sentido, daría vida y vitalidad a una zona actualmente necesitada de ello al convertirse en un espacio noble, concluye Solana.